En previsión del desarrollo, por parte del Gobierno, de la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, prevista en la recientemente aprobada Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, COFAPA y CONCAPA MANIFIESTAN:
1º)  Al tratarse de temas con evidentes repercusiones morales o éticas, que inciden directamente en el desarrollo de la personalidad de los educandos y en su propia intimidad, habrá de tenerse en cuenta muy especialmente la opinión de las familias –como primeras y principales educadoras de sus
hijos- a la hora de concretar sus contenidos, objetivos, métodos, etc.
2º) Por idénticas razones la regulación habrá de realizarse desde la más exquisita objetividad  y respeto al pluralismo, evitando en todo momento imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas..
3º) Igualmente habrá de quedar debidamente garantizada tanto la neutralidad ideológica en los centros públicos como la no conculcación del ideario propio de los centros privados que lo tengan, quienes mantendrán intactas sus facultades de nombrar a los encargados de impartir la materia que cumplan los requisitos legales.
4º) Recordamos que los poderes públicos tienen el deber de garantizar el derecho que asiste a las familias para que sus hijos reciban la formación moral conforme a sus propias convicciones, por lo que la educación en salud sexual y reproductiva no debe ser pretexto para inculcar –directa o
indirectamente- en los alumnos ideas y doctrinas que reflejan tomas de posición con respecto a problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española.
5º) Por último, siendo la sexualidad un elemento de la intimidad personal, es preciso que uno de los principales objetivos consista en fomentar la comunicación paterno-filial en estos aspectos, evitando que se traten en las aulas cuestiones que pertenecen exclusivamente al ámbito familiar.
Madrid, 3 de febrero de 2010

Madrid, 2 de febrero de 2010.-

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en una conferencia ofrecida esta mañana en la Casa de América, a la que han asistido los representantes de CONCAPA, se ha descolgado manifestando su planteamiento con respecto a la escuela concertada a la que considera “subsidiaria de la pública, pues se trata –ha dicho- de un encargo público” que se otorga a centros privados. Olvida que las familias que llevan a sus hijos a centros concertados son los titulares auténticos del derecho a recibir la educación, en igualdad de condiciones y derechos que las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública, pues todos contribuyen con sus impuestos, y ello implica la gratuidad que se niega continuamente a la escuela concertada en Bachillerato y FP.

Posteriormente ha afirmado que “se confunde la libre iniciativa con la acción individual depredadora” y que no asume sus obligaciones, puesto que “más del 90% de los discapacitados están en la escuela pública”, dato con el que no estamos de acuerdo en absoluto.

CONCAPA no comparte estos planteamientos del ministro, por considerar que ha tergiversado los términos de la subsidiariedad, que consiste en que el objetivo de lo público es llegar a donde no pueda la iniciativa privada y no al revés. Además, si no se respeta la iniciativa privada se atenta gravemente contra la libertad y contra la pluralidad, que tanto predica, imponiendo un modelo único que supone un empobrecimiento del sistema y una restricción de las libertades.

Por otro lado, hemos constatado que el ministro –que dice buscar la excelencia y la flexibilidad del sistema educativo- no ha asumido en ningún momento los errores del modelo que padecemos –inspirado en la LOGSE-, aduciendo que la culpa del fracaso escolar se debe, fundamentalmente, a las diferentes situaciones sociales de partida. Con este planteamiento nos tememos que el pacto educativo se quede en simples medidas de maquillaje.

Con respecto a la integración –tanto de discapacitados como de inmigrantes-, no es cierto que más del 90% esté en la pública -como indican todos los estudios realizados al respecto- sino que se corresponde con la proporción del alumnado de cada red. Es decir, en términos globales, el 80% está en la pública (porque absorbe el 80% de la enseñanza) y el 20% restante en la concertada (que recoge el 20% restante), considerando que la escuela pública cuenta con más medios que la concertada. Utilizar intencionadamente estos datos para disculpar el desastre educativo que sufre la escuela no es de recibo.

Olimpia García Calvo
Tel.: 646 086 174
Gabinete de Comunicación de CONCAPA
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28 de enero de 2010.-

CONCAPA reconoce el esfuerzo del Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para propiciar un pacto educativo, a la vez que pide que no se eludan temas importantes como son la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la renovación de los conciertos y la gratuidad del Bachillerato o la efectiva libertad de enseñanza. Con la presentación de las “Propuestas para un pacto social y político por la Educación”, el Ministro de Educación ha demostrado una clara voluntad de acuerdo. Así lo muestra la iniciativa de que las leyes educativas sean aprobadas por dos tercios del Congreso pese a que la actuación de ZP, denegando la LOCE, no constituye ningún ejemplo de lealtad constitucional. También parece muy positivo el hecho de incidir en la cultura del esfuerzo, con el fin de buscar una educación en la excelencia, que permita que ningún alumno quede descolgado. Desde CONCAPA nos parecen también adecuadas -y responden a una demanda reiterada- medidas como la realización de evaluaciones al término de 6º de Primaria y 3º de la ESO, aunque también vemos necesario la realización de pruebas de evaluación a los propios docentes, ya que su formación y conocimiento redunda directamente sobre el aprendizaje de los escolares. Lamentablemente, en las propuestas se habla muy poco de la libertad de enseñanza, del derecho a elegir el centro y la educación que queremos para nuestros  hijos; y la conflictiva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) no se menciona en el documento, cuando es urgente repasar sus contenidos para vaciarlos de su fuerte carga ideológica y adoctrinadora.

También deben abordarse los conciertos educativos para que estos no queden al arbitrio de las Administraciones Públicas competentes, y se fijen su duración y renovación lo antes posible para no tener a los padres con la inseguridad de cuál será del futuro educativo de sus hijos. La gratuidad del Bachillerato  resulta también esencial por cuanto constituye una discriminación insoportable para las familias que optan por los colegios concertados. CONCAPA da un voto de confianza al Ministro, a la vez que ve necesario que esta negociación no se quede en un mero acuerdo político, sino que deber ser también un gran pacto social; única forma de que resulte efectivo. Desde CONCAPA nos comprometemos a mantener una postura de negociación abierta para promover una educación de  calidad y de respeto con el derecho que ampara a los padres a elegir centro, conforme a su ideología y principios, porque consideramos que esto beneficia a todas las familias españolas.

Madrid, 19 de enero de 2010.-

CONCAPA reclama la dimisión de la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, por ocultar los efectos dañinos de la píldora del día después que indica un estudio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente de Sanidad.

Trinidad Jiménez ha demostrado con estos hechos su gran desprecio tanto a la mujer como a la totalidad de la sociedad española al ocultar –deliberadamente- un informe que destaca dos graves reacciones adversas de su píldora: el riesgo del embarazo extrauterino y la posible aparición del tromboembolismo venoso, que ni se menciona en el prospecto. Además, la ineptitud de la ministra se incrementa al haber encargado ella misma dicho informe a la Agencia Española de Medicamento, pero después de haberse aprobado la venta de esta “bomba hormonal” para la que no se requiere receta médica alguna.

La ministra afirmó hace cuatro meses –cuando se aprobó su venta- que la píldora "carece prácticamente de contraindicaciones y los datos de seguridad recabados hasta la fecha no han identificado riesgos inesperados"; sin embargo, resulta que sí tiene importantes contraindicaciones que no recoge el prospecto. Aún más, la Agencia Española de Medicamento, en ese mismo informe, destaca el uso peligroso de esta píldora si es “repetido y frecuente”; algo que está siendo lo habitual, al no requerir receta.

Ante este gran engaño a la sociedad española, CONCAPA también exige la rectificación del prospecto por uno que diga toda la verdad sobre está píldora, así como la necesidad de exigir receta médica para comprarlo.

CONCAPA, representando la preocupación de más de tres millones de familias, se pregunta si verdaderamente le interesa a la señora ministra la salud de los españoles o este medicamento es una mera decisión política para contrarrestar el previsible incremento de abortos que se producirán con la nueva ley. Por ello, nos parece lamentable que los resultados políticos sirvan de guía para implantar nuevas leyes en lugar del bienestar social de todos los españoles.

Olimpia García Calvo
Tel.: 646 086 174
Gabinete de Comunicación de CONCAPA
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