Madrid, 16 de julio de 2010.- CONCAPA felicita al presidente de Gobierno por anunciar la supresión de los anuncios de contactos en prensa, una petición que ha realizado CONCAPA en diversas ocasiones y que deseamos que se haga realidad tras el anuncio de Zapatero.

CONCAPA dirigió el pasado mes de mayo cartas a los diferentes partidos políticos con esta petición, que es compartida por UPN y CiU. El grupo socialista registró ayer una proposición no de ley instando al Gobierno a “fomentar la autorregulación dentro de la prensa escrita encaminada a eliminar la publicidad de mujeres prostituidas” y establecer las medidas oportunas para la desaparición de estos anuncios.

CONCAPA considera que en este tema no caben componendas para que, en nombre de la libertad de prensa, se promuevan conductas que muchas veces constituyen delitos y, sobre todo, suponen un gran sufrimiento y degradación para muchas personas.

Por ello, confiamos en que la propuesta no se quede sólo en buenas palabras y que se legisle en este tema, puesto que muchos de los anuncios de prostitución o “contactos” que la prensa nacional exhibe a diario resultan un negocio muy lucrativo a costa de mensajes vejatorios y, en numerosas ocasiones, de explotación sexual. En Europa este tipo de anuncios no tienen cabida y la Unión Europea recuerda que “es prioritario situarse en la lucha contra el tráfico de mujeres y niñas, y su explotación sexual”.

Finalmente, esperamos que la sensibilidad demostrada por el presidente del Gobierno en este caso continúe en la esfera educativa, de manera que no se imponga a las familias una educación sexual que no es acorde con los principios de muchos millones de familias en nuestro país.

Olimpia García Calvo

Tel.: 646 086 174

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Madrid, 7 de julio de 2010.- CONCAPA lamenta la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto que, además de facilitar la muerte de seres humanos que no pueden defenderse -ni son propiedad de nadie-, restringe la libertad de los padres para elegir el tipo de educación de sus hijos y pretende adoctrinar a los menores en la ideología relativista y de género adoptada por el Gobierno, con desprecio al no nacido y al derecho fundamental básico: el derecho a la propia vida.

Desde CONCAPA, que representa a más de tres millones de familias, consideramos una falta de respeto y una agresión contra los valores constitucionales la intromisión del Gobierno al pretender imponer el monopolio ideológico de la educación sexual mediante esta Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Con esta Ley, nuestros gobernantes vuelven a hacer oídos sordos al derecho de los padres a elegir el modelo de educación y el tipo de enseñanza que desean para sus hijos (artículo 27 de la Constitución), puesto que un Estado no debe imponer a los menores su pensamiento único en cuestiones tan importantes e íntimas como la vida, la sexualidad o la dignidad de la persona. Son los padres los que tienen el derecho, el deber y la responsabilidad de formar a sus hijos según sus propias convicciones.

CONCAPA -y las familias que representa- no se quedará impasible y, como ya adelantamos hace unos meses, propondrá a los padres y profesores la objeción de conciencia y/o la denuncia a los Tribunales si se obliga a enseñar a nuestros hijos que el aborto es un derecho y no un crimen, o se impone una educación afectivo-sexual contraria a nuestras convicciones filosóficas religiosas o morales.

Finalmente, hacemos un llamamiento a los políticos y ciudadanos para que se opongan y no sean  cómplices -por acción u omisión- de una ley inmoral e injusta que desprecia el valor de la vida, abandona a la mujer embarazada y rompe con la dignidad y el respeto que merece el ser humano, cualquiera que sea la fase de su desarrollo.

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Madrid, 17 de junio de 2010.-

CONCAPA lamenta que el Gobierno vuelva a marginar a la enseñanza concertada, al considerar como delito de atentado tan sólo las agresiones a docentes en centros públicos, pero no en los concertados, en el Nuevo Código Penal.

El 9 de junio el Pleno del Senado aprobó este nuevo código tras hacer caso omiso a todas las propuestas de otros grupos, como la propuesta del PP en la que se solicitaba que el personal sanitario o docente que realice sus funciones en centros médicos, hospitalarios o educativos de naturaleza privada tuviera la misma protección que los funcionarios públicos ante los delitos de atentado contra la autoridad.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó, paradójicamente, que el nuevo Código Penal es "necesario, adecuado y pensado por todos”. Esto último no se corresponde con la realidad ya que, una vez más, la educación pública es la única que se tiene en consideración marginando a la concertada y, con ella, a los docentes que sufren agresiones. Una vez más la aberración jurídica de la “discriminación positiva” inventada por Zapatero vuelve a convertirse en un instrumento de división de la sociedad española primando a algunos grupos y perjudicando a otros, lo que no es admisible en un estado de derecho. 

Lo que muestra una vez más el Gobierno de Zapatero es su sectarismo e incapacidad, ya que divide entre los que están bajo su protección -entidades públicas-, y los que trabajan en empresas privadas. Con esta concepción intelectual ha conseguido para la educación, el empleo y la economía española el puesto donde nos encontramos.

Olimpia García Calvo

Tel.: 646 086 174 

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