1. La situación por la que atraviesa en la actualidad el sistema educativo español requiere medidas urgentes encaminadas a que los padres y las madres adquieran mayor consciencia de su condición de primeros y principales educadores de sus hijos. Demandamos a tal fin el necesario apoyo material por parte de las administraciones públicas y la implicación de los centros en los planes de formación que al efecto diseñemos en las entidades representativas de las familias.

2. Cualquier modificación normativa, pacto o acuerdo referente al sistema educativo debe contar con el consenso de las familias, a través de sus representantes legítimos. Solo de esta forma será posible conseguir la necesaria estabilidad.

3. Las ayudas que en todos los ámbitos se reciben para ejercer nuestro derecho de participación y de representación de las familias resultan claramente insuficientes. Urge reconsiderarlas y proporcionarlas a la labor que se realiza y al auténtico índice de representatividad.

4. Conviene recuperar cuanto antes el diálogo a fin de alcanzar un pacto social y político sobre Educación en el marco del pleno desarrollo de los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por España, desde una posición integradora.

5. Han de retirarse de nuestro Ordenamiento Jurídico todas aquellas normas que, en la práctica, suponen una limitación indebida –cuando no una vulneración- de los derechos que nos asisten a las familias en la educación de nuestros hijos. De la misma forma, ha de abandonarse cualquier utilización de la enseñanza como medio para inculcar en los educandos ideas o doctrinas contrarias a las de sus familias.

6. Resulta necesario reforzar el prestigio y la autoridad del profesorado no sólo a través de su reconocimiento legal; también y ante todo, dotándoles de la formación permanente precisa y de los medios necesarios para el correcto y adecuado desarrollo de su labor.

7. Nuestros hijos merecen una educación conforme a las exigencias de la sociedad actual. Es precisa una profunda revisión de los currícula así como una mayor y más decidida apuesta por el dominio de lenguas extranjeras y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

8. La Libertad de Enseñanza es uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático. Resulta imprescindible acometer las reformas necesarias encaminadas a que la misma pueda desarrollarse en plenitud.

9. La educación constituye igualmente uno de los principales ejes del desarrollo de las sociedades. La actual crisis económica no puede servir de justificación para que se reduzca el gasto público y la inversión en la enseñanza; por el contrario, supone una exigencia para su incremento, de modo que permita alcanzar expectativas de mejora social, cultural y económica.

10. CONCAPA, y con ella cada una de las familias que la componen, ha de asumir un papel activo en la reivindicación social respecto de los derechos educativos, asumiendo la voz de la ciudadanía ante los centros de poder y decisión, a fin de influenciarlos y condicionarlos en relación con el ejercicio de estos derechos.

La Rioja, 23 de octubre de 2010