Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) y CONCAPA celebraron el pasado 26 de septiembre en Madrid la I Jornada Familia y Escuela. Bajo el lema “Una relación de participación y compromiso”, presidentes y colaboradores de Asociaciones de Madres y Padres, equipos directivos, titulares y tutores analizaron la relación actual entre escuela y familia.

La jornada, que se celebró en la sede de Escuelas Católicas, estuvo presidida por el secretario general de EC, Manuel de Castro, y por el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel. Ambos subrayaron que con dicha jornada las instituciones que representan quieren iniciar un movimiento de reflexión sobre la imprescindible colaboración y acción conjunta entre la familia y escuela, y crear así un foro para encontrar soluciones a los problemas existentes.

Manuel de Castro señaló que la preocupación actual por el fracaso escolar y la pérdida de prestigio del profesor son síntomas de la falta de colaboración entre escuela y familia. Ese distanciamiento queda reflejado también en la escasa implicación de las familias con el Proyecto Educativo de los centros. 

Por su parte, Luis Carbonel también insistió en la importancia de la implicación de los padres en la escuela, al tiempo que subrayó la necesidad de formación de éstos, lo que sitúa al colegio como el “entorno perfecto para formar a todos, alumnos, padres y profesores”. Asimismo afirmó que no se puede otorgar en exclusiva la responsabilidad educativa a la escuela, pues ésta enseña por delegación, y corresponde a la familia la labor de “transmitir los valores, enseñar con diálogos, hechos y palabras, para avanzar así en el entendimiento”.

 La jornada se desarrolló en cuatro grupos de reflexión que sobre los siguientes temas: la implicación de las familias en el desarrollo del Proyecto Educativo de Centro; el nuevo rol de las AMPAS más allá de las actividades extraescolares; los modelos sobre el papel del centro educativo en la formación de padres y madres; y el marco para la convivencia entre familia y escuela y espacios propios de actuación. Las principales propuestas de estos grupos fueron:

- Crear comisiones de padres con liderazgo, acompañados por la dirección del centro, con objeto de promover nuevos cauces para que la participación de las familias no se limite a intervenir en actividades extraescolares: trabajo en función de los proyectos del centro; trabajo con el tutor, etc.
 

- Organizar a las AMPAS de tal manera que sean agentes de la implantación de modos de integración y participación de los padres. Trabajar asimismo para que contribuyan a lograr un clima de confianza colegio-familia, un sistema eficaz de comunicación, y unos adecuados sistemas de representación e interacción.
 

- Mejorar la formación de los padres en escuelas de padres bien organizadas (que no sólo ofrezcan información sino que incidan en la comunicación asertiva y el desarrollo de la autonomía de niños y adolescentes), potenciar las tutorías, e implicar a las familias en la pastoral del centro.
 

- Buscar espacios reales donde colaborar y sentar las bases para la convivencia entre familia y escuela. Trabajar los carismas del profesorado y los padres en los centros. 

La jornada se completó con dos ponencias. José Parra Junquera, dominico y profesor de Sociología, ofreció una perspectiva sociológica de la familia. Expuso que “cambios sociales” como el individualismo, la fragilización de las formas tradicionales de familia y la emergencia de la nueva sociabilidad entre otros, han transformado las estructuras sociales, originando nuevos tipos de familias, como las negociadoras, donde se ha pasado de no cuestionar la autoridad paterna a considerar que lo mejor es llegar a consensuar las normas; o las emocionales, constituidas como espacio para descubrir las emociones más íntimas.

La segunda ponencia estuvo a cargo de Abilio de Gregorio, profesor de Filosofía, que abogó por encontrar un espacio de diálogo y participación de los padres en los centros. Explicó que esta participación no debe ser solamente asistencial, sino que necesita de una implicación real, comprometida con la participación en las iniciativas para llevar a cabo el proyecto educativo. Planteó como reflexión que una educación personalizada puede llegar a generar en los padres una mayor identificación con su colegio y, en consecuencia, una mayor participación.

Madrid, 24 de septiembre de 2009.- CONCAPA celebra la sentencia dictada por el TSJ de Castilla y León de fecha 23-9-09 que, motivadamente, constata que en la asignatura EpC puede existir un conflicto moral e ideológico para los padres cuando sus hijos reciben una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales y aplica el artículo 27.3º de la Constitución Española que impone a los Poderes Públicos el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones.

El TSJ de CyL constata la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida y el riesgo exorbitante que los padres no están obligados jurídicamente a soportar en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos.

El TSJ de CyL -como antes lo hicieran otros TSJ en Andalucía o La Rioja- reconoce el derecho a la objeción de conciencia con lo que demuestra que lo defendido por miles de alumnos objetores tiene un fundamento racional y jurídico innegable pese a la gran campaña de confusión y coacción orquestada por el gobierno.

Hay que recordar como el Consejo de Estado también emitió un dictamen en contra o como la asociación de padres CEAPA votó en el Consejo Escolar del Estado en contra de la asignatura EpC, aunque posteriormente varió completamente su postura apoyando la tesis gubernamental.

CONCAPA puntualiza que el TS (tras la deliberación quizá más larga de su historia y con diversos votos particulares en contra) dictó sentencia, donde no reconoció la objeción de conciencia pero hacía -respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones- continuas llamadas a la más rigurosa objetividad y neutralidad, respeto al pluralismo y exposición crítica de la materia a fin de evitar el adoctrinamiento en aquéllos temas donde no existe un generalizado consenso en la sociedad española Aunque jurídicamente la Sentencia del TSJ no sea relevante por cuanto el TS de Justicia no ha reconocido la objeción de conciencia hay que recordar que, en cuestión de derechos fundamentales, es el Tribunal Constitucional quien debe decidir en último término en nuestro país. Por ello la sentencia del TS ha sido recurrida y se llegará al TDH de Estrasburgo si fuera necesario.

La sentencia del TSJ anima a seguir luchando para que se reconozca nuestro derecho a la objeción de conciencia y para que la asignatura EpC sea consensuada con las asociaciones de padres, de forma que su contenido no resulte contrario a las convicciones de las familias.

Ante lo que ha resultado ser una imposición imprudente e ignorante por parte de un gobierno partidista -empeñado en erradicar el pluralismo democrático y en adoctrinar a todos lo escolares conforme a sus postulados ideológicos-, CONCAPA vuelve a reiterar la situación de emergencia educativa de nuestro país que exige superar el fracaso escolar mediante un Pacto social y político que, entre otras muchas medidas, debe modificar la asignatura EpC, para que no sea doctrinaria y respete el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y convicciones.

Olimpia García Calvo
Tel.: 646 086 174
Gabinete de Comunicación de CONCAPA
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Madrid, 18 de septiembre de 2009.- Tras la celebración del simulacro de referéndum, celebrado recientemente en Arenys de Munt (Barcelona), los independentistas quieren implicar ahora en sus irracionales aspiraciones a los niños. De hecho, en un colegio de esta localidad se pide, en una acción expresamente prohibida por la Constitución, que los alumnos de sexto de Primaria –doce años- se pronuncien sobre la independencia de Cataluña.

CONCAPA rechaza esta actitud y considera que no se puede utilizar a los niños para apoyar intereses políticos, sean del tipo que sean, pero mucho menos cuando son inconstitucionales. Los menores no deben ni pueden intervenir en estas cuestiones –ningún país serio y democrático del mundo lo permitiría-. Además, en el fondo, lo que se pretende no es otra cosa que presionar a la comunidad, utilizar a los más indefensos y poner los intereses políticos y personales de unos pocos por encima de la educación, bien común de toda la sociedad.

En unos momentos en que se pretende avanzar hacia un pacto educativo en España, actitudes como ésta deben ser condenadas y perseguidas, y el Gobierno de la Nación no puede permitir que las aulas sean utilizadas para el adoctrinamiento y la coacción.

Si la autoridad educativa competente no reacciona, la Alta Inspección debe ser instrumento de defensa de los menores y de salvaguarda de las funciones sociales del sistema educativo. Otra cosa sólo se puede entender como una dejadez de funciones -en el mejor de los casos-, o como una actuación fraudulenta y cómplice con los intereses bastardos de determinados grupos.

Todo ello, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal intervenga contra el profesor y el equipo directivo del colegio en el caso de que permitan que los alumnos sean obligados a pronunciarse sobre su pensamiento o ideología, que será -en la mayoría de los casos, y por la edad de los niños, la misma que su familia- a la que, en último lugar, se pretende presionar para que apoye las pretensiones soberanistas.

CONCAPA rechaza la utilización de la educación y de la enseñanza para la propaganda política, para la coacción personal de los menores y de sus familias y para la defensa de intereses políticos -incluso si estos responden a legítimos intereses-, y exige que, a falta de la oportuna acción de la Generalitat, sea el Gobierno de la Nación y la justicia quienes intervengan, poniendo fin a la mascarada y demostrando que existe un verdadero interés por un pacto social y político por la educación.